Proponen el camino hacia la transparencia sustantiva
Boletín de prensa
220/2015
México, DF. 17 de abril de 2015 (Agencia Informativa Conacyt).- Expertos en el área académica participaron en la mesa de debate denominada Propuesta teórica: transparencia sustantiva, encabezada por los investigadores Alejandra Ríos Cázares y Juan Fernando Ibarra del Cueto, quienes brindaron un recuento de la metodología y los resultados del estudio Métrica de la Transparencia 2014, que da continuidad al análisis presentado en 2010.
Esto en el marco del Foro de Transparencia Sustantiva: la política de transparencia en los organismos constitucionalmente autónomos, organizado por la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en el que se analizaron las políticas institucionales de transparencia de organismos autónomos nacionales como la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
De esta manera, se abordaron los retos que enfrentan estas instituciones para el cumplimiento efectivo de las obligaciones de transparencia y cuáles son las oportunidades para ampliar la transparencia institucional de una política mínima al respecto, a una de transparencia sustantiva.
Para Juan Fernando Ibarra, profesor de la División de Administración Pública del CIDE, existe una importante diferencia entre el derecho de acceso a la información y la política de transparencia. El derecho es de carácter universal y pretende garantizar que todo individuo que tenga interés en conocer algo sobre información pública gubernamental pueda tener acceso a la misma, y para garantizar este derecho, se establecen en la ley obligaciones que, en general, son de carácter homogéneo.
Mientras que la política de transparencia, explicó, es específica y heterogénea, porque debe responder a las particularidades y peculiaridades propias del mandato que tiene una institución específica, así como a las características organizacionales y de proceso que tienen estas instituciones.
El estudio, que prolonga una medición previa realizada por el CIDE en 2010, ofrece datos desagregados en cinco dimensiones: normativa, portales, usuario simulado, capacidades institucionales de los órganos garantes y una selección de sujetos obligados.
Una de las preguntas que consideraron sencilla, pues indagaron el catálogo de clasificación archivística que todas las instituciones tienen, resultó ser la pregunta compleja. Esta era sobre gastos de comisiones del titular de la dependencia; otra pregunta específica que aludía a la materia sustantiva de cada una de las instituciones, una a datos confidenciales y otra que pedía información reservada, para con ello tratar de evaluar la calidad de las reservas de información.
Destacaron las calificaciones del Inegi y la ASF, en los que los tiempos de respuesta son de alrededor de 15 días. El IFAI respondió con mucha celeridad. Y el Banco de México, aunque tuvo una calificación de calidad de proceso por encima del promedio, en términos de celeridad fue el que menos presentó, aunque estuvo dentro de los plazos.
SP/LR/MO/220/2015