El equilibrio entre ambiente, economía y sociedad es posible con una administración sustentable
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Número 243
25 de mayo de 2017
Las empresas y la realidad organizacional requieren nuevos modelos y teorías de la administración para abordar el cambio climático, la pobreza y las epidemias, entre otros desafíos sistémicos de largo plazo, planteó la doctora en administración Nadima Simón Domínguez, profesora emérita de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En el 1er. Congreso internacional de administración sustentable. El reto de la empresa ante la competitividad sustentable, realizado en la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la académica afirmó que los profesionales de esa disciplina deben contribuir a un cambio de política y de métodos de producción que no pretenda sólo un interés económico, sino también la sustentabilidad medioambiental.
Las técnicas y herramientas administrativas requieren un clima social y humano de colaboración para utilizarlas con una mentalidad, más allá de la racionalidad económica que permita la conservación del entorno natural.
“Transformar la racionalidad económica e ideológica de la administración tradicional sustentada en el lucro y la máxima ganancia en una sustentable haría posible un progreso más equilibrado entre ambiente, economía y sociedad”.
De esa manera sería factible preservar el medio ambiente, satisfacer las necesidades laborales, así como combatir la pobreza, la desigualdad y la inequidad de género, entre otros elementos que atentan contra la naturaleza y el bienestar de la mayoría de las familias.
Al cuestionar hasta dónde la administración tiene que ser eficiente a costa de pagar bajos salarios y tomar decisiones que lesionan a los empleados, a las comunidades y a todos los que participan en la cadena productiva y de cómo conciliar los fines de lucro de las empresas con una justa distribución de la riqueza, los recursos naturales y el medio ambiente, la doctora Simón Domínguez aseveró que los administradores deben decidir si desean trabajar para hacer más ricos a los ricos o incidir en una sociedad más justa y en un ambiente saludable.
La teoría de la administración sustentable deberá establecer costos de las transacciones económicas para el medio ambiente, por ejemplo, el agua y el aire, además de considerar las interacciones de las organizaciones con su entorno como elemento integrante de éste.
La profesora adscrita a la División de Investigación de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM agregó que esa disciplina debe reconocer explícitamente los impactos de las decisiones en el mediano y largo plazos sobre el entorno geográfico, los individuos, las organizaciones y la sociedad.
También eliminar la obsesión del continuo logro de riqueza material y el exceso de consumo, y explorar los límites del sistema natural y socioeconómico para proveer las necesidades esenciales de todos los seres humanos.
Al dictar la conferencia magistral Administración sustentable la ex presidenta de la Federación Mexicana de Universitarias comentó que hay que aprender de casos de corporaciones que han mostrado responsabilidad social y de cuidado de la naturaleza, y abordar los problemas administrativos con una perspectiva de sustentabilidad.
El Estado debe propiciar una distribución menos injusta de las ganancias de las compañías, eliminar la corrupción de las instituciones públicas y privadas, vigilar que la competitividad empresarial no se alcance en detrimento del medio ambiente y de las acciones sociales y económicas de los trabajadores, y garantizar la protección de los derechos económicos, culturales, sociales y ambientales de los mexicanos.
La sociedad civil organizada debe exigir al Estado el cumplimiento de esos puntos, porque la racionalidad económica del modelo de desarrollo en México, inmerso en el neoliberalismo, ha heredado un crecimiento económico nulo o muy bajo.
Esto se refleja en un ascenso de la desigualdad y la pobreza, el incremento constante del desempleo, graves consecuencias para el medio ambiente, crisis financiera y violaciones constantes de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población.
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